La contratación pública se sitúa como un nicho estratégico dentro de la actividad comercial de cualquier empresa. Máxima desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de LCSP, en la que la contratación pública se vuelve más accesible a pymes y autónomos.
Es importante señalar que las ventas que se producen a un organismo público, dentro de cualquier procedimiento de licitación, tienen asegurado el cobro de todas las facturas. Como bien indica la Ley de Contratos del Sector Público para la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente al que deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya.
Incluso para los “contratos menores”, que son procedimientos donde no se exige la necesidad de que haya publicidad y concurrencia, la ley demanda la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.
Si bien es conocido por todos, ciertos retrasos en los pagos de las administraciones públicas, con un periodo medio de pago a proveedores bastante elevado, aunque últimamente está bajando considerablemente. Aun así, en el peor periodo de crisis en este país, el gobierno activó dos planes especiales de pago a proveedores, con los que toda la deuda que existía con los organismos públicos, fue liquidada por el gobierno.
Desde el punto de vista de seguridad de cobro y por tanto financiero, este nicho de mercado, es totalmente rentable para las empresas, ya que el pago de todas las facturas emitidas a administraciones públicas está asegurado por ley.
Por lo que si de verdad queremos convertirnos en proveedores del sector público y que este, se convierta de forma estratégica en parte de nuestra estrategia comercial para ir ganando cuota de mercado debemos de proveernos de un departamento específico. El cual sea el encargado de preparar, coordinar y gestionar toda el área de las licitaciones públicas.
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