Por Gobierno del Estado español se aprobó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprobaron una serie de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y, sobre todo, para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el fin de establecer un “modelo de gobernanza”, que permitiese la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos programas y proyectos de inversiones.
En el mismo se definen una serie de cambios normativos, tanto en la Ley de Contratos del Sector, Ley 9/2017, como en la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, que buscan mejorar la agilidad parar poner en marcha los citados programas y proyectos, simplificar la tramitación aun ajustada las exigencias de la Unión europea, pero sin perder un ápice en eficacia y eficiencia en el gasto de los fondos europeos, por parte de todas las partes implicadas, es decir, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Administraciones Locales, y en última instancia tanto grandes como pequeñas empresas que participen de en la ejecución para impulsar a la inversión privada y el apoyo a las empresas con dificultades.
Aun cuando todavía quedan muchos aspectos del modelo por concretar, las diversas Administraciones Públicas, y en particular, las Comunidades Autónomas has desarrollado su propia normativa derivada del marco establecido en el Real Decreto-Ley citado más arriba, en donde cabe destacar a la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Extremadura, Canarias, la Diputación Foral Navarra y la Generalitat Valencia, poniendo énfasis en la contratación administrativa pública, y en la gestión de las subvenciones públicas, toda vez que son las dos herramientas básicas para la canalización y ejecución de los fondos europeos, tanto para los objetivos marcados como en el tiempo establecido para ello.
Así en materia de contratación pública, se define en “contrato público” financiado con fondos europeos, en donde se orienta a potenciar los procedimientos de tramitación de urgencia y despacho preferente, así como, la supresión del tramite de autorización previa del Gobierno del España, en determinadas cuantías.
Igualmente, se definen una seria de medidas para la simplificación administrativa, entre las que destacan:
El impulso de la contratación electrónica y la reducción de plazos tanto en la tramitación de los expedientes de contratación, como en la emisión de informes para la cumplimentación de tramites contractuales.
La admisión del bastanteo de poderes que se hayan realizado en cualquier servicio jurídico de cualquier otra Administración Pública.
Utilización del procedimiento abierto simplificado, elevando los respectivos techos de cuantías para acudir a los mismos, tanto para los contratos de obras, como suministros y servicios.
Potenciar los criterios de adjudicación conectados con las clausulas sociales, medioambientales, el comercio justo, y la economía circular.
Simplificación de la composición de las Mesas de Contratación que hayan de adjudicar los diferentes contratos.
Por otra parte, en materia de subvenciones públicas, también se han establecido una serie de medidas para la simplificación de los procedimientos de anuncio, concesión y justificación documental.
Destaca la utilización de la concesión se subvenciones públicas en régimen no competitivo con otras propuestas, así como, las convocatorias abiertas a lo largo de varios años, su régimen de concesión, sus respectivos importes, y la posibilidad de incorporar a periodos sucesivos aquellos importes que no se hubiesen gastado en una determinada convocatoria.
Con este tipo de medidas en materia de contratación y de subvenciones públicas se pretende que se conviertan en una herramienta estratégica de inversión que permita lograr el necesario crecimiento económico sostenible, a la vez que permita alcanzar una mayor eficiencia en la distribución y gestión de los fondos europeos, así como, dotar de mayor seguridad jurídica y transparencia a la contratación pública y en la gestión de subvenciones, compatible con el logro de los objetivos sociales, medioambientales y de bienestar social de nuestro país.
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José Antonio Manzanares Herrero
